LA PATADA EN EL ROUTER

No sería la primera vez que los psocialistas atentaran contra el estado de derecho. En su día fue la Ley de Seguridad Ciudadana, ley Corcuera o “ley de la patada en la puerta”, que el Tribunal Constitucional declaró nula en el apdo 2.21: “será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos.....”
Si durante los ochenta los psocialistas hicieron picadillo la composición de clase obrera reforma laboral tras reforma, en los albores del nuevo siglo siguen aplicándose a su tarea con ahínco ahora con la ley antidescargas inserta en la disposición final de la Ley de Economía Sostenible, nueva contribución al papanatismo político que el activismo internauta y la revuelta digital han obligado a paralizar.
Actualmente internet es una muestra explícita del trabajo inmaterial expresado por la fuerza de trabajo multitudinaria que el capital no puede someter a valor, medir ni controlar. Este desplazamiento de la producción implica nuevos escenarios en la lucha y nuevas formas políticas que están relegando a la representación al museo de los horrores de la democracia partitocrática. El movimiento se transforma en un movimiento en red que excede las pretensiones de representación política tradicional y renueva las protestas dirigistas desde la acción plural sin más carné que la propia subjetividad.
Prueba de ello ha sido el manifiesto En defensa de los derechos fundamentales de internet para mostrar el rechazo a la instauración de un régimen de censura y recorte de libertades similar al de las dictaduras ayatolistas y stalinistas bajo el pretexto de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual. El manifiesto defiende que los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión y que la suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial, advirtiendo finalmente que la verdadera reforma ha de consistir en devolver a la sociedad el conocimiento y promover el dominio público.
En democracia las leyes deben aprobarse tras debate público. Lo contrario, quitarse de en medio a la gente y a los jueces, es una muestra de totalitarismo inaceptable. Los gobiernos del PP, en 2001, y del PSOE han intentado dar la patada en el router pero la red les ha parado los pies demostrando la fuerza del trabajo inmaterial frente a la tradicional clase obrera industrial. Al ratón analógico lo pilla el gato pero al digital no lo pillará.